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Las “nuevas” plusvalías aprobadas en 2021

Las nuevas plusvalías (¿qué ha cambiado?)

En fecha 9 de noviembre de 2021, queda aprobado el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Esto quiere decir, dos cosas.

La primera, que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, cuestión de inconstitucionalidad 4433/2020, de 26 de octubre de 2021, en el que se declaraban como nulos los apartados del artículo 107 del TRLHL relativos al método de cálculo objetivo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) no ha sido impedimento para que el gobierno de España haya finalmente aprobado la norma final "que regula" las plusvalÍas capeando dicha sentencia.

La segunda, que esta revisión de la anterior norma parece ser que deja satisfechos a muchos/as alcaldes ya que estos solicitaban al gobierno que esa vía de ingresos (alrededor de 2.500 millones de euros en total) no se quedara "descubierta". 

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En términos generales, el decreto establece dos opciones para determinar la cuota tributaria que el contribuyente podrá elegir para aplicarse la que le resulte más beneficiosa.

En concreto, los ciudadanos podrán optar por calcular el importe por el resultado objetivo de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes que tendrán en cuenta la realidad inmobiliaria o podrán decantarse por el cálculo a través de una ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición. En caso de que el contribuyente no obtenga una ganancia patrimonial por la venta de la vivienda, quedará exento de pagar este impuesto, en principio.

Otra novedad es que las plusvalías generadas en menos de un año serán gravadas, es decir, las que se producen cuando entre la fecha de adquisición y de transmisión ha transcurrido menos de un año y que, por tanto, pueden tener un carácter más especulativo. Algo que ya se aplicaba en algunas ciudades.

Los ayuntamientos podrán corregir a la baja hasta un 15% el valor catastral del suelo, lo que, en la práctica, supone que tendrán margen para reducir la base de cotización del tributo.

Para la aplicación definitiva, se establece un período transitorio para la adaptación de la normativa de seis meses a partir de la entrada en vigor de la misma.

Los ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana deberán modificar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo. 

Hasta que entre en vigor resultará de aplicación lo dispuesto en este real decreto-ley, tomándose, para la determinación de la base imponible del impuesto, los coeficientes máximos establecidos en la nueva redacción del artículo 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Produciéndose la entrada en vigor el día siguiente al de su publicación, es decir, el 10 de noviembre de 2021.

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